Lamentablemente, los menores que deben ser tutelados por las Comunidades Autónomas y separados de sus familias, quizás incapaces de educarlos, son muy numerosos aunque no sean noticias habitualmente. Los menores no pagan impuestos, no producen y no votan.
No hace muchos días ha salido a la prensa la noticia de un menor separado de sus padres y, al parecer, la causa de la privación de la tutela ha sido la obesidad del menor. Raro parece si no hay otro problema de fondo, pero será así.
Las causas de privación de tutela son muy diversas y todas desgraciadas. Y el proceso, aún peor.
En primera instancia tiene que haber un entendimiento, por denuncia o conocimiento, de las autoridades. La intervención de los servicios sociales suele prolongarse con la buena intención de solucionar el problema y se intenta que no se produzca la separación. Cuando llega el mandamiento judicial, han pasado meses inútilmente. En ocasiones, antes de llegar a la situación de separación, los menores son encomendados a la familia extensa (tíos, abuelos, etc.) que no suelen estar exentos de problemas sociales.
En todo este proceso, el menor se agota, llega machacado a un centro de acogida donde no conoce a nadie, tiene que guardar desde el primer momento una disciplina que no conoce, es ignorante de las más mínima normas de convivencia o estudio. Estos chicos necesitan de inmediato diversas atenciones muy especializadas de psicólogos, médicos y, sobre todo, educadores.
También hace unos días salió muy tímidamente a la prensa que en algunos centros de tutela de la Comunidad de Madrid, los menores han sido objeto de diversos malos tratos. Precisamente eso es lo que menos necesitan, porque lo que se pretende como objeto principal es la tan difícil reinserción o normalización.
Con todo el cuidado que exige la Ley del Menor y la confidencialidad de datos, la privacidad de los menores y su bienestar, y en el caso de que eso sea cierto, debe tratarse con toda firmeza, debe corregirse con urgencia. Es más, no deben producirse esos casos. Y si se producen, no deben silenciarse las medidas tomadas con sus causantes, los medios que se adoptan para evitar tales casos y el destino final de los menores.
Es un problema social, y los menores son tutelados por las autoridades en nombre de la sociedad.
¿O es que tendremos los ciudadanos que tutelar a las autoridades?
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